Páginas web y protección de datos

La durísima crisis sanitaria que tristemente estamos sufriendo ha obligado a muchas empresas y negocios a centrar todos sus esfuerzos en el uso de los canales de venta online, como único recurso para poder atender y prestar servicio a sus clientes.

Debemos ser conscientes de que la venta online, al igual que la tradicional, conlleva la aplicación de normas concretas de obligado cumplimiento, entre las que destacamos, por su importancia y difusión, las relativas a la protección de datos.

El principio básico es que toda empresa que preste servicios online y trate datos de personas físicas, debe adaptar el contenido y la información de su página web al Reglamento General de Protección de Datos.

A continuación relacionamos los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta para tener nuestras páginas web adaptadas a dicha legislación:

  • (i) La necesidad de obtener el consentimiento del cliente. Las empresas que traten datos de sus clientes, deberán disponer del previo consentimiento de los mismos para tratar sus datos. Por lo tanto, es importante dotar a las páginas web, al obtener los datos de los clientes, del mecanismo pertinente para obtener el consentimiento de los mismos, consentimiento que debe ser expreso, específico y verificable.
  • (ii) Toda página web debe mostrar e informar, de forma clara y transparente, los datos legales de la empresa, las políticas de privacidad, los derechos del usuario y el uso que se pretende de los datos personales facilitados.
  • (iii) Los avisos de cookies.

Es importante que las empresas revisen o adapten, en su caso, el contenido de sus páginas web, no sólo a los efectos de cumplir con la norma, sino también para evitar incurrir en sanciones (que pueden alcanzar los 20.000.000 de euros o un 4% de la facturación, por infracción en el cumplimiento de la misma).

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración.

Saludos cordiales,

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS

Nota informativa Real Decreto‐Ley de medidas extraordinarias en relación al covid‐19 en el ámbito de la contratación pública

En la Nota Informativa 9, del pasado 20 de marzo, hacíamos referencia a que el Real Decreto‐Ley 8/2020 dedica un apartado específico (art. 34) a las medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del Covid‐19 y, en concreto, a la suspensión de obras y servicios como consecuencia de su impacto en contratos sujetos a la Ley de Sector Público y en la Ley de Sectores Especiales.
El principal objetivo de estas medidas es evitar la resolución de los contratos públicos y facilitar su adaptación a la situación derivada de la crisis sanitaria y del estado de alarma. El Real Decreto Ley recoge todas las medidas y procedimientos para la efectiva aplicación de la suspensión y la asunción de costes por parte de los Entes Públicos.
En este sentido, se establecen medidas para evitar los efectos negativos sobre el empleo y la viabilidad empresarial derivados de la suspensión de contratos públicos, impidiendo su resolución, por parte de todas las entidades que integran el sector público y evitar que el Covid‐19 y las medidas adoptadas por el Estado, Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, tengan un impacto estructural negativo sobre esta parte del tejido productivo. La medida principal es la previsión de un régimen específico de suspensión de estos contratos.

(i) Contratos de servicios y de suministros.

i. Prestación sucesiva. Imposible continuidad.

Suspensión automática por imposibilidad de desarrollar el contrato desde que se produzca la causa que impide desarrollar la prestación (vinculada al Covid‐19) y hasta que esta se pueda reanudar.
La Entidad Adjudicadora, al quedar en suspenso el contrato público, deberá abonar al contratista los daños y perjuicios generados durante la suspensión (previa solicitud y acreditación de estos) que recoge el Real Decreto‐Ley (salarios, gastos de mantenimiento, alquileres y costes de maquinaria e instalaciones, gastos de pólizas de seguro …).
En aquellos supuestos en los que, como consecuencia de la paralización de los procedimientos, no pueda formalizarse un nuevo contrato, el órgano de contratación podrá prorrogar el contrato original hasta que se inicie la ejecución del nuevo contrato bajo las premisas del Real Decreto‐Ley.

ii. Prestación no sucesiva. Mora.

En cuanto a los contratos públicos de servicios y suministro distintos a los referidos en el apartado anterior (siempre y cuando no hayan perdido su finalidad como consecuencia del impacto del COVIDIEN‐19), cuando el contratista incurra en mora sobre los plazos contractuales previstos, como consecuencia de la actual situación, el Órgano de Contratación podrá ofrecer una prórroga, como mínimo, igual al tiempo perdido por el motivo referido, la cual se podrá incrementar previo informe del Director de Obra, conforme a los requisitos previstos en el Real Decreto‐Ley. Se abonarán los gastos salariales adicionales incurridos hasta un máximo del 10% del precio inicial del contrato, cuando estos gastos se acrediten de forma fehaciente.
No procederá aplicar penalizaciones al contratista.

(ii) Contratos públicos de obras.

Imposible continuidad de los contratos que deberían finalizar durante la vigencia del estado de alarma. En los contratos de obra que no hayan perdido su finalidad como consecuencia del Covid‐19 pero en los que, por causa de éste, resulte imposible su continuidad, el contratista podrá solicitar la suspensión en términos similares ‐también en cuanto a abono de daños y perjuicios y con las especialidades, en el convenio colectivo de aplicación, respecto a gastos salariales‐ a los del apartado (i) i anterior y en cumplimiento de los requisitos del Real Decreto‐Ley. Serán requisitos de aplicación:

  • Que el contratista principal, los subcontratistas, proveedores y suministradores, estén al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales a fecha de la declaración del estado de alarma.
  • Que el contratista principal esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago a los agentes referidos en el apartado anterior.

(iii) Contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios.

Restablecimiento del equilibrio económico de los contratos.

A fin de poder mitigar los efectos colaterales del Covid‐19 que hagan imposible la ejecución de estos contratos, las Administraciones otorgarán a los concesionarios el derecho a restablecer el equilibrio económico de los contratos mediante la ampliación de su duración inicial, hasta un máximo del 15% o con la modificación de las cláusulas de contenido económico del contrato. No se establece, sin embargo, una pauta determinada en cuanto a estas modificaciones, remitiendo una referencia genérica a la compensación por la pérdida de ingresos y el incremento de costes regulados que se acrediten de forma fehaciente.

(iv) Inclusiones y exclusiones de la normativa de contratación pública durante el estado de
alarma.

El Real Decreto‐Ley incluye expresamente determinados sectores a los que la regulación resulta de aplicación (tales como el agua, la energía, transportes, servicios postales, determinadas seguros privados, planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y litigios fiscales).

Asimismo, excluye de su aplicación a:

  • Contratos de servicios o suministros sanitarios, farmacéuticos o similares, vinculados a la crisis sanitaria.
  • Contratos de servicios de seguridad, limpieza o mantenimiento de sistemas informáticos.
  • Contratos de servicios o suministros necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.
  • Contratos adjudicados por entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.

La normativa cierra este capítulo con una referencia a la sumisión, en su caso, a las medidas que pueda adaptar el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, autoridad competente designada en el Real Decreto de declaración del estado de alarma.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración.

Saludos cordiales,

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS

Efectos del COVID-19 en contratos y relaciones comerciales

El Real Decreto-Ley 8/2020 dedica un apartado específico a las medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del Covid-19 y, en concreto, por la suspensión de obras y servicios como consecuencia de su impacto. En general, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios que el Real Decreto-Ley limita (es decir, el Estado se hará cargo de gran parte de estos costes). Se establece una excepción para las entidades públicas que coticen en bolsa. 

Pero, ¿cómo afecta la situación a las relaciones comerciales y contractuales en el sector privado? La grave crisis sanitaria dificulta en gran medida el cumplimiento contractual en cuanto a compromisos de producción, suministros, logística, cumplimiento de plazos… y, en los peores casos, supone su rescisión. ¿Podemos hacer extensiva la suspensión genérica a plazos de prescripción y caducidad que regula el Real-Decreto? 

Desafortunadamente, de momento, no contamos con medidas específicas. Por este motivo aconsejamos una revisión de los contratos otorgados, en especial, de puntos como los siguientes – a título general y informativo-, relacionados fundamentalmente con responsabilidad y asunción de riesgos. Somos conscientes de que es un trabajo farragoso, puesto que todos los contratos contienen regulaciones propias y específicas, pero merece la pena asegurarnos y hacer una revisión: 

  • Cláusulas de fuerza mayor. Si existen, comprobar si se incluye el supuesto de pandemia. 
  • Obligaciones y riesgos asumidos por cada una de las partes contratantes. 
  • Garantías. 
  • Plazos de cumplimiento. 
  • Causas de resolución. 
  • Remisión a otros contratos y / o contratos anexos. 

Finalmente, todos aquellos que estáis inmersos en algún procedimiento de auditoría legal (due diligence), recordad que estos aspectos pueden ser analizados y tenidos en cuenta. 

No obstante, bajo nuestro criterio, estamos afrontando una situación imprevisible que, en muchos casos, conforme a la doctrina y jurisprudencia aplicable en España y algunos países europeos, puede justificar una modificación – coherente y proporcionada- de las condiciones contractuales. 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración. 

Saludos cordiales, 

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS 

Estado de alarma. Moratoria para los deudores hipotecarios

Inicio del plazo de solicitud de moratoria de hipotecas para deudores vulnerables 

(i)  Principales aspectos a tener en cuenta 

 La moratoria se extiende únicamente a deudas hipotecarias asumidas por la adquisición de la vivienda habitual. 

Pueden acogerse todas aquellas personas que estén pasando por dificultades para poder atender el pago de la deuda, debido a la crisis del Covid-19. 

Los deudores que se pueden amparar en esta medida son aquellos considerados en situación de vulnerabilidad económica, es decir, las personas que se encuentren en las siguientes situaciones: 

  • (i) Que estén en paro o, en caso de ser empresarios, que hayan sufrido una pérdida sustancial de ingresos o ventas.  
  • (ii) Cuando el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no superen, el mes anterior a la solicitud de la moratoria, los límites previstos en la norma . 
  • (iii) Cuando la cuota hipotecaria, más gastos y suministros básicos, resulten iguales o superiores al 35% de los ingresos netos del conjunto de los miembros de la unidad familiar. 
  • (iv) Cuando la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa en sus circunstancias económicas. 

 Los fiadores e hipotecantes de las operaciones objeto de esta medida pueden acogerse también, en las mismas condiciones, a su aplicación y pueden solicitar la persecución de todos los bienes del deudor, con anterioridad a la reclamación de la deuda dirigida a ellos por el acreedor. 

La aplicación de la moratoria comportará: 

  • La suspensión de la deuda hipotecaria. 
  • La no aplicación de las cláusulas de vencimiento anticipado, por impago. 
  • La imposibilidad de devengar intereses de cualquier tipo. 

(ii) Exenciones aplicables a las novaciones de préstamos y créditos hipotecarios  

Desde ayer 18 de marzo de 2020, durante el plazo prorrogable de un mes, se aprueba, para estos supuestos, una exención en la modalidad de actos jurídicos documentados (AJD) del Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), aplicable en la cuota gradual de documentos notariales, en las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan de acuerdo con el RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19. 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración. 

Saludos cordiales, 

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS 

Prestación extraordinaria por cese de la actividad de afectados por la declaración de estado de alarma

 Como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria producida por Covid-19, muchos trabajadores por cuenta propia o autónomos han visto suspendidas sus actividades forzosamente por aplicación de aquella norma, o están sufriendo importantes pérdidas en su facturación. 

Para paliar de alguna forma la delicada situación de trabajadores autónomos que la norma protege, el Gobierno ha establecido el derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad, siempre que: 

  • (i) Estén afiliados y dados de alta en el régimen correspondiente. 
  • (ii) Si la actividad desarrollada no es de las que directamente ha suspendido el Decreto de Alarma, acrediten una reducción de al menos el 75% de su facturación, en relación al semestre anterior. 
  • (iii) Se encuentren al corriente del pago de cuotas a la Seguridad Social. Excepcionalmente, si el trabajador no está al día de sus obligaciones con la Seguridad Social, podrá abonar las cuotas pendientes dentro de los 30 días naturales siguientes, para poder cumplir este requisito. 

Esta medida es extraordinaria y temporal, en conjunción con el estado de alarma. El tiempo de percepción tendrá la consideración de cotizado y no reducirá los periodos de prestación por cese de actividad a todos aquellos que tengan el derecho a futuro. 

La norma extiende el derecho a prestación a trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que estén encuadrados como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial, siempre y cuando se den las demás condiciones. 

MEDIDAS ESPECIALES EN CATALUÑA

El Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha aprobado, como medida extraordinaria, una partida de 7.500.000 millones de euros para compensar las pérdidas de los trabajadores autónomos. 

En este sentido, los trabajadores autónomos afectados por la crisis que se hayan visto forzados a cerrar y/o acrediten una reducción drástica e involuntaria de su facturación, como consecuencia de los efectos del coronavirus, podrán solicitar una ayuda de hasta 2.000 euros para compensar la situación. 

Serán requisitos necesarios que figuren de alta en actividades respecto de las que las autoridades sanitarias han decretado el cierre y que no dispongan de otras fuentes alternativas de ingresos. 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración. 

Saludos cordiales, 

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS 

Modificación / aclaración en relación a la suspensión de plazos en el ámbito tributario

Mediante el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, se ha modificado parcialmente el Decreto de estado de alarma, aprobado el pasado 14 de marzo, introduciendo una importante modificación en el ámbito tributario. 

La AEAT ha aclarado que la suspensión de procedimientos públicos e interrupción de plazos administrativos aprobada, no afecta al pago de tributos ni a la presentación de declaraciones. 

Consecuentemente con la modificación, los plazos tributarios de toda declaración o autoliquidación que deban presentarse a lo largo del mes en curso y del mes de abril (declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, retenciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades, entre otros), se deberán tramitar en las fechas previstas con carácter ordinario, con independencia de que el contribuyente pueda acogerse al aplazamiento del pago de las deudas tributarias previsto en el Real Decreto 7/2020, de 12 de marzo. 

A fecha de la presente Nota Informativa, este último es el único aplazamiento de pagos tributarios, que aplica a autónomos y PYMES en cuanto a la posibilidad de solicitar una prórroga de hasta 6 meses en el pago de impuestos, por un valor máximo de 30.000 euros. 

Ante el malestar y las dificultades que genera esta situación, desde el Consejo General de Economistas se ha solicitado la inclusión del aplazamiento de estas liquidaciones. 

Asimismo, los asesores les hemos expresado la necesidad de adoptar una serie de medidas, a los efectos de que las tengan en consideración o las trasladen al Ministerio. Estas medidas son fundamentalmente las siguientes: 

  • Ampliación de los plazos de autoliquidaciones y declaraciones informativas. 
  • Cese de la práctica de notificaciones, salvo en casos muy excepcionales o de aquellas de las que se deriven efectos positivos por los contribuyentes. 
  • Agilizar aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias por empresas que se consideren PYMES, abriendo la posibilidad de aplazar retenciones, ingresos a cuenta, pagos fraccionados y tributos repercutidos (en este sentido, estudiando las autorizaciones caso a caso). 
  • Modificar el plazo de presentación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio 2.019. 
  • Modificar el plazo de declaración del Impuesto sobre Sociedades para ejercicios iniciados el año 2019, en consonancia con la modificación de plazos mercantiles contenida en el Real Decreto Ley 8/2020 (ver nuestra Nota Informativa 3, de 18 de marzo de 2020). 

Os mantendremos informados sobre la evolución de estas propuestas. 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración. 

Saludos cordiales, 

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS 

Nota informativa Real Decreto-Ley de medidas extraordinarias en relación al COVID-19 en el ámbito laboral

(i)  Preferencia de trabajo a distancia (teletrabajo). 

 Las medidas laborales aprobadas potencian la aplicación del teletrabajo durante el estado de alarma y como iniciativa para mantenerlo a futuro, una vez éste finalice. Durante el estado de alarma: 

  • El trabajo a distancia se establece como una forma de trabajo prioritaria respecto al cese temporal de los efectos de la relación laboral o de la reducción de la actividad y, con este fin, las empresas deberán organizarse, tomando las medidas oportunas, siempre y cuando sea razonable y técnicamente viable. 
  • Con el fin de implementar el teletrabajo, quedará cumplimentada la obligación de efectuar la evaluación de riesgos laborales, con carácter excepcional, mediante la autoevaluación realizada por el propio trabajador. 

(ii) Derecho de adaptación del horario laboral y reducción de jornada. 

 tendrán el derecho de adaptar su jornada y/o reducir la misma, si se dan circunstancias excepcionales relacionadas con actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunicativa del COVID- 19. 

La norma entiende que existen circunstancias excepcionales cuando se necesite la presencia del trabajador para la atención de alguno de los familiares que relaciona el propio Real Decreto, por razón de edad, enfermedad o discapacidad y que éste necesite cuidado directo y personal del trabajador , como consecuencia directa del Covid-19. 

Este derecho es individual para cada progenitor o cuidador y debe ejercerse de forma justificada, razonable y proporcionada en relación a la situación de la empresa. 

(iii) Medidas para flexibilizar los ajustes temporales de la actividad para evitar despidos. EERTE.

Las suspensiones de contratos laborales y las reducciones de jornada por causa directa a la pérdida de actividad por razón de Covid-19 que impliquen reducción o cancelación de actividades, cierre de locales con afluencia pública y, en general, la restricción a la movilidad de personas y/o mercancías, así como la falta de suministro que comporte una minoración grave de la actividad ordinaria, o situaciones urgentes por contagio de la plantilla o adopción de medidas de aislamiento decretadas por la autoridad, tendrán la consideración de fuerza mayor. 

La norma prevé una serie de especialidades al procedimiento de solicitud de la suspensión de relaciones laborales o reducción de jornada, por dichas causas, destacando la notable reducción del plazo que tiene la Administración para resolver la solicitud, que es de cinco días. 

En cuanto el caso de los expedientes que tengan como causa motivos económicos, técnicos, organizativos y de producción, también se regulan una serie de especialidades respecto a la regulación vigente, como la intervención de los sindicatos, en caso de que no existan representantes de los trabajadores, o la reducción de los plazos. 

(iv) Medidas en materia de cotizaciones en procedimientos de suspensiones de contratos y reducciones de jornada por fuerza mayor. 

La Autoridad Laboral competente ha autorizado los procedimientos objeto de este apartado y, al resolver la situación de desempleo de los trabajadores, exonerará a las empresas del pago de la aportación empresarial, durante todo el plazo que dure la suspensión contractual o reducción de jornada autorizada, siempre que la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos 50 trabajadores de alta en la Seguridad Social. En caso de que la empresa disponga de más de 50 trabajadores, la exoneración sólo será del 75% de las aportaciones empresariales. 

Para el trabajador, todo este periodo se entenderá como efectivamente cotizado a todos los efectos. 

(v) Medidas extraordinarias en materia de protección del desempleo. 

En procedimientos de suspensión de la relación laboral o reducción de jornada por las causas previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, el derecho a la prestación por desempleo también será aplicable a los trabajadores afectados que no tengan el período de ocupación cotizada mínima para tener derecho a la prestación. 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración. 

Saludos cordiales, 

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS 

Nota informativa Real Decreto-Ley de medidas extraordinarias en relación al COVID-19 en el ámbito financiero

(i) Línea de avales para empresas y autónomos. 

 Para facilitar el mantenimiento de los puestos de trabajo y paliar los efectos económicos del Covid-19, se ha aprobado el otorgamiento de avales a la financiación de entidades financieras y de crédito para atender la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimiento de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez. 

Se ha previsto la concesión de avales por importe de 100.000 millones de euros. 

Las condiciones y requisitos para acceder están pendientes de aprobación por el Consejo de Ministros. 

(ii) Ampliación de los límites de endeudamiento neto del ICO. 

Se ha aprobado una ampliación de 10.000 millones de euros al límite de endeudamiento neto por el ICO, para facilitar liquidez adicional a las empresas, especialmente PYMES y autónomos. 

(iii) Línea extraordinaria de cobertura aseguradora. 

Se autoriza la creación de una línea de cobertura aseguradora por un período de 6 meses desde la entrada del Real Decreto, hasta un importe de 2.000 millones de euros, con las siguientes características:

  • Son elegibles los créditos de circulante necesarios para empresas exportadoras, siempre que se correspondan con nuevas necesidades de financiación y no con situaciones previas a la crisis actual. 
  • Serán beneficiarios PYMES y empresas más grandes, siempre que: No sean cotizadas ni empresas internacionalizadas o en proceso de internacionalización (que deben cumplir una serie de requisitos previstos en la norma). 
  • Quedan excluidas las empresas en situación concursal o pre-concursal, así como empresas con problemas de impagos en el sector público. 

(iv) Medidas financieras para titulares de explotaciones agrarias que hayan suscrito un préstamo por la situación de sequía del año 2017. 

Se facilita a los prestatarios de créditos financieros concedidos a titulares de explotaciones agrarias afectados por la sequía del año 2017, según Órdenes AAA /778/2016, APM/728/2017 y APM/58/2018 (subvenciones públicas destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria) que, de forma voluntaria, puedan acordar con las entidades financieras la prórroga, hasta un año – que puede ser de carencia-, del periodo de amortización de los préstamos suscritos. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación financiará los costes adicionales de los avales concedidos, derivados de la ampliación del período de la operación. 

Quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración. 

Saludos cordiales, 

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS 

Formulación de cuentas anuales. Reuniones de órgans de gobierno y administración durante el estado de alarma

 Estimados/as, 

Nos estáis trasladando consultas relativas a la preocupación sobre la formulación de las cuentas anuales que, de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, se realizan en el plazo máximo de tres meses, a partir de la fecha de cierre del ejercicio social al que se refieren las cuentas anuales objeto de formulación. 

Existen, también, otras reuniones de los Órganos de Administración y de Gobierno que, debido a la desoladora situación que estamos viviendo, no se pueden celebrar, al menos, de forma presencial. 

El Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covidien-19, que os adelantábamos esta mañana, prevé lo siguiente (medidas de aplicación durante el período de alarma): 

(i) Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho Privado. 

  • Aún en los casos en que los Estatutos Sociales no lo prevean, las sesiones de los Órganos de Gobierno y Administración de Asociaciones, Sociedades Civiles y Mercantiles, Cooperativas y Fundaciones, podrán celebrarse por videoconferencia. Habrá que realizarlas, eso sí, acreditando la autenticidad de las conexiones. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social. 
  • Los acuerdos de los Órganos referidos se podrán adoptar por escrito y sin sesión (votación sin reunión presencial) siempre que lo decida el Presidente (o lo soliciten, en Órganos de Administración, al menos, dos de sus miembros). Atención a la remisión del Real Decreto al Reglamento del Registro Mercantil, conforme a la cual, aconsejamos que las celebraciones por escrito y sin sesión se hagan con consentimiento de todos los miembros. 
  • El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para formular las cuentas anuales queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma – cuando éste finalice se reanudará por tres meses más-. 
  • Si las cuentas anuales ya han sido formuladas y requieren auditoría obligatoria, la emisión del correspondiente informe se entenderá prorrogada por dos meses más, desde la fecha de finalización del estado de alarma. En caso de que no hayan sido formuladas, el informe arrastrará el plazo referido en el apartado anterior. 
  • En cuanto a la aprobación de las cuentas anuales, también se desplaza el plazo de aprobación (en Junta o Asamblea) a los tres meses siguientes a la finalización del plazo de formulación de las cuentas anuales. 
  • Aquellos que hubieran convocado la Junta o Asamblea de aprobación antes de la declaración del estado de alarma para una fecha de celebración posterior a la declaración, podrán modificar la fecha y lugar de celebración, o revocar el acuerdo de convocatoria, con una antelación mínima de 48 horas (página web, BOE – en este punto, esperamos nuevas resoluciones). La nueva convocatoria se deberá realizar en el mes siguiente a la fecha de finalización del estado de alarma. 
  • Las reuniones con asistencia de Notario podrán realizarse también con la participación telemática del Fedatario Público. 

(ii) Medida especial para Sociedades de Capital. 

Los socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma.

(iii) Medida especial para Sociedades Cooperativas.

El reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante el estado de alarma queda prorrogado durante los seis meses siguientes a la finalización del periodo de alarma. 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración. 

Saludos cordiales, 

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS 

Real Decreto-Ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Puntos destacados

 El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley por el que se toman ciertas medidas de carácter económico, con el propósito de ayudar a nuestra economía a superar la actual crisis financiera y dotarla de fundamento para una posterior recuperación económica. Los principales rasgos son los siguientes: 

(i) Movilización de recursos económicos. 

Se ha aprobado la mayor movilización de recursos económicos de la historia democrática en España, con un importe de doscientos millones de euros (€200.000.000.-) que representan, aproximadamente, un 20% del PIB. Se destinarán a proteger a las familias, empresas, autónomos y trabajadores. 

(ii) Se garantizan los servicios de suministro básicos. 

 Se garantizan los servicios de energía, agua y telecomunicaciones para familias vulnerables. 

(iii) Moratoria por los deudores hipotecarios. 

Se aprueba una medida importante para garantizar el derecho a la vivienda para personas con dificultades, previendo una moratoria del pago de las cuotas de los préstamos hipotecarios. 

(iv) Medidas de caracter laboral. 

Se han aprobado una serie de medidas para proteger el mercado de trabajo, destacando las siguientes: 

  • Los trabajadores asalariados podrán adaptar o reducir su jornada laboral para hacer frente a las necesidades de conciliación y cuidado de familiares con dependencia. 
  • Se establece el trabajo como medida de flexibilidad laboral, si las circunstancias lo permiten. 
  • Se simplifican y flexibilizan los procedimientos de ajustes temporales de la plantilla (EERTE). Los EERTE causados por la crisis del Covid-19 tendrán la consideración de fuerza mayor y los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, pese a no cumplir con los requisitos de cotización exigidos por la normativa laboral. 
  • El cobro de la prestación contributiva por desempleo en los ERTE no computará a efectos de cobro de una posterior prestación por paro. 
  • Se exonera a los empresarios de la aportación de la cuota empresarial de la Seguridad Social en todos los ERTE autorizados. 
  • Se flexibiliza el cese de la actividad por los autónomos y se facilita el cobro de la prestación en casos de dificultad. 

(v) Medidas para mitigar los problemas de liquidez de las empresas. 

El Estado será garante de operaciones crediticias. Se crea una línea de avales y garantías públicas para las empresas por valor de cien millones de euros (€1000.000.000.-), lo que permitirá una movilización entre ciento cincuenta mil (€150.000.000.-) y dos- cientos millones de euros (€200.000.000.-). 

Se aprueba una línea de avales adicional para empresas exportadoras de dos mil (2.000.000.000) millones de euros, con especial favorecimiento a las PYMES y medianas empresas. 

Para ayudar a las empresas contratistas con la Administración, se establece un régimen extraordinario de suspensión de los contratos públicos, ampliando plazos y compensando salarios, con el fin de evitar resoluciones contractuales y pérdidas de puestos de trabajo. 

Mediante esta nota de urgencia facilitamos una visión general y genérica de este importante Real Decreto que, por su profundidad y extensión, iremos desarrollando con alertas que a iremos enviando a lo largo del día de hoy. 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración. 

Saludos cordiales, 

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS