juliovilagrasa

El Gobierno continúa adoptando nuevas medidas económicas dirigidas a mitigar, en lo posible, los devastadores efectos económicos que la situación de crisis sanitaria está produciendo en nuestro país. Éste tercer paquete de medidas tiene reflejo en el Real Decreto‐ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al covid‐19 aprobado ayer.

El Real Decreto se centra en ayudas económicas a los autónomos, como reacción a las reivindicaciones que este colectivo ha ido realizando durante los últimos días, medidas de protección de aquellos arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica provocada por la expansión del COVID‐19 y en la moratoria hipotecaria y del crédito de financiación no hipotecaria, entre otras.

Ante las numerosas de medidas acordadas y a la prolija regulación que contempla el nuevo Real Decreto‐Ley, procederemos a dividir el contenido de nuestras Notas Informativas al respecto, centrándonos en la presente en aquellas relativas a la protección al arrendatario en los contratos de arrendamiento y las moratorias hipotecarias y de crédito de financiación no hipotecaria.

I.‐ MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS ARRENDATARIOS EN CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA.

(i).‐ Suspensión de procedimientos de desahucio.

Se establece una suspensión en los procedimientos desahucio derivados de contratos de arrendamiento de viviendas para el caso de que el arrendatario acredite encontrarse en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID‐19, que imposibiliten encontrar una vivienda alternativa para el propio arrendatario y su familia.

(ii).‐ Prórroga extraordinaria de contratos de arrendamiento de vivienda y moratoria de deuda arrendaticia.

En todos los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 24/1994, de 24 de Noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los que dentro del período de estado de alarma y los dos meses siguientes a la finalización del mismo, finalice el período de prórroga tácita o legal, se podrá, previa solicitud del arrendatario y con el consentimiento del arrendador, prorrogar la vigencia de los mismos por un tiempo máximo de seis meses.

Por otro lado, los arrendatarios de contratos de arrendamiento de su vivienda habitual que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, podrán solicitar a la parte arrendadora en el plazo del mes desde la entrada en vigor del Real Decreto‐Ley (el día de la fecha), el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre y cuando no se haya obtenido con anterioridad por mutuo acuerdo de las partes.

A los efectos de lo aquí previsto, se considera como parte arrendadora las personas físicas o jurídicas que cumplan los siguientes requisitos:

• Que sea empresa o entidad pública de vivienda.
• O tener la condición de gran tenedor (más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes o trasteros, o una superficie construida de 1.500 metros cuadrados).

Ante la solicitud del arrendatario a acogerse a esta medida excepcional, el arrendador, a falta de acuerdo, deberá comunicar expresamente al arrendatario, dentro de los siete días laborales siguientes, su opción de aplicar una de las dos alternativas siguientes:

• Una reducción del 50% de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma y un máximo de las cuatro mensualidades siguientes, en caso de que fuere necesario atendiendo a la situación de vulnerabilidad.
• Una moratoria en el pago de la renta que tendrá efectos dentro del período de tiempo previsto en el apartado anterior y con la duración máxima reseñada. En este caso, la renta deberá fraccionarse en cuotas durante el plazo, al menos, tres años, plazo que iniciará su cómputo una vez finalizado el estado de alarma, o partir de la finalización del plazo de los cuatro meses citados, y siempre mientras esté vigente el arrendamiento o sus prórrogas. Esta medida no supondrá en ningún caso la imposición de penalización alguna o devengo de intereses.

Lo dispuesto en este apartado, será de aplicación a todos los arrendamientos correspondientes al Fondo Social de Vivienda derivado del Real Decreto‐ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar a los deudores hipotecarios.

El Real Decreto‐Ley publicado hoy prevé que los arrendatarios puedan acceder al programa de ayudas de financiación en virtud del cual se proporciona cobertura financiera para hacer frente a los gastos de vivienda en situaciones de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del COVID‐19, en forma de aval con total cobertura por parte del Estado, para que las entidades financieras puedan conceder la financiación necesaria con dicho fin.

En aquellos supuestos en los que la parte arrendadora no se encuentre entre las personas que cumplan con los requisitos previstos anteriormente, la parte arrendataria que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica podrá solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario de la renta, siempre que no se haya conseguido un acuerdo previo. En este caso, el arrendador, en el plazo de los siete días laborales siguientes, deberá comunicar a la parte arrendataria las condiciones de aplazamiento o fraccionamiento de la deuda que acepta, o en su defecto, las posibles alternativas que ofrece.

II.‐ MEDIDAS RELATIVAS A LA MORATORIA HIPOTECARIA Y CRÉDITO DE FINANCIACIÓN NO HIPOTECARIA

(i).‐ Definición de vulnerabilidad económica a los efectos de la moratoria hipotecaria y del crédito de financiación no hipotecaria.

Se definen los supuestos en los que se considera que una persona se encuentra en dicha situación, debiéndose cumplir conjuntamente las siguientes condiciones:

• i. Que el potencial beneficiario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial en su facturación de al menos un 40%.
• ii. Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:
  ‐ Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM) (*).
  ‐ Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.
  ‐ Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.
  ‐ En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el primer párrafo () será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.
  ‐ En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el primer párrafo (*) será de cinco veces el IPREM.
• iii.‐ Que el total de las cuotas hipotecarias de préstamos o créditos hipotecario referentes a la vivienda habitual, viviendas distintas a la habitual y por la que el arrendador o propietario haya dejado de percibir las rentas desde la entrada en vigor del estado de alarma y hasta un mes después de su finalización y a inmuebles afectos a actividades económicas que desarrollen empresarios o profesionales, más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
• iv.‐ Que, como consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. A tal fin, se entenderá que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente el total de la carga hipotecaria, entendida como la suma de las cuotas hipotecarias de los bienes inmuebles referidos anteriormente, sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

(ii).‐ Especialidades a la definición de situación de vulnerabilidad económica de contratos de crédito sin garantía hipotecaria

En el caso de créditos sin garantía hipotecaria, además de cumplirse con las condiciones previstas en el apartado (i) anterior, deberá estarse a las siguientes especialidades:

• Si la persona física fuera beneficiaria, a su vez, de la moratoria relativa a deudas hipotecarias para la adquisición de vivienda habitual, no se tendrá en cuenta su aplicación a efectos del cálculo previsto en este Real Decreto‐Ley, para la suspensión de las obligaciones derivadas de los créditos o préstamos sin garantía hipotecaria.
• Si el potencial beneficiario no tuviera contratado un préstamo hipotecario y, sin embargo, tuviera que hacer frente al pago periódico, o bien de una renta por alquiler de su vivienda habitual, o bien de cualquier tipo de financiación sin garantía hipotecaria frente a una entidad financiera, o a ambas simultáneamente, se sustituirá el importe de la cuota hipotecaria por la suma total de dichos importes, incluyendo la renta por alquiler aunque sea objeto de moratoria conforme al Real Decreto‐Ley.

(iii).‐ Suspensión de obligaciones derivadas de contratos de créditos sin garantía hipotecaria

Los deudores personas físicas en situación de vulnerabilidad económica que tengan suscritos préstamos o créditos sin garantía hipotecaria que estuvieren vigentes el día 1 de abril de 2020, podrán solicitar a los acreedores, hasta un mes después del fin de estado de alarma, la suspensión de sus obligaciones.

Esta suspensión de extiende a los fiadores y avalistas.

Realizada la petición de suspensión y una vez acreditada la situación de vulnerabilidad económica, el acreedor debe proceder a la suspensión automática de las obligaciones derivadas de crédito. Esta suspensión no requiere de modificaciones o novaciones contractuales y surtirá efectos desde la solicitud del deudor.

La duración de la suspensión será de tres meses, que pueden ser prorrogables por el medio legal pertinente.

Los efectos básicos de la suspensión serán la no exigencia de las cuotas de la deuda suspendida ylos intereses pactados.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración al respecto.

Saludos cordiales,

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS

Poco antes de la pasada medianoche, con inmediata entrada en vigor, se ha publicado el Real Decreto‐Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID‐19.

A estos efectos, se decreta una situación de “hibernación” respecto de los trabajadores referidos, a modo de permiso retribuido. Dicho permiso tiene carácter obligatorio y limitado en el tiempo (entre los días 30 de marzo y 9 de abril de 2020, inclusive) y aplica a todo el personal laboral por cuenta ajena que preste servicios en empresas o entidades del sector público o privado que desarrollen las actividades no esenciales calificadas de forma expresa en el Real Decreto‐Ley.

Abrimos, en este sentido, tres apartados a los efectos de definir mejor la aplicación del Real Decreto‐Ley:

• I.‐ Determinación de los servicios esenciales. ¿Quién puede, en consecuencia, desplazarse a su lugar de trabajo para realizar su actividad?
• II.‐ Supuestos especiales. Excepciones.
• III.‐ Aplicación del permiso retribuido a trabajadores que no prestan servicios esenciales. Moratoria.

I.‐ Determinación de los servicios esenciales.

Se consideran esenciales (es decir, quienes los presten pueden salir de casa para ir a trabajar) los servicios que presten empresas o entidades del sector público o privado detallados en el documento adjunto y que, principalmente, se refieren a las siguientes:

• Encargados del abastecimiento de productos básicos, desde su producción hasta su distribución. Actividades conexas y servicio de reparto a domicilio (incluida la comida preparada.
• Personal sanitario, industria farmacéutica y ópticas. Material sanitario en general (elaboración, distribución y vinculados).
• Empresas reconvertidas a fabricación/logística sanitaria.
• Fuerzas y cuerpos de seguridad. Instituciones penitenciarias.‐ Atención a personas mayores, menores, discapacitados y dependientes.
• Transporte. Servicios logísticos relacionados con productos básicos.
• Suministros básicos (agua potable, combustibles, autopistas).
• Estancos, comercio por internet.
• Telecomunicaciones, audiovisuales y servicios informáticos esenciales.
• Correos (servicio postal universal).
• Servicios financieros, bancarios y de seguros.
• Atención a víctimas de violencia de género.
• Medios de comunicación y meteorólogos.
• Trabajadores vinculados a actuaciones procesales no suspendidas (abogados, psicólogos, traductores…).
• Despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales.
• Registros y notarías.
• Centros de acogida.
• Servicios funerarios.
• Servicios de limpieza, mantenimiento y reparación urgentes. Recogida de basuras y residuos.

La esencialidad incluye a las personas trabajadoras que presten servicios en las divisiones o en las líneas de producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como esenciales.

Acompañamos adjunta la relación detallada de actividades esenciales, conforme al Real Decreto‐Ley.

II.‐ Supuestos especiales.

(i) Excepciones.

Quedan exceptuados del ámbito de aplicación del Real Decreto‐Ley:

• Las personas trabajadoras contratadas por (i) aquellas empresas que hayan solicitado o estén aplicando un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión y (ii) aquellas a las que les sea autorizado un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión durante la vigencia del permiso previsto este real decreto‐ley.
• Las personas trabajadoras que se encuentran de baja por incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas.

Por tanto, el Real Decreto no afecta a los que ya pueden teletrabajar, autónomos o afectados por un ERTE o que estén de baja, ni tampoco a los que ya habían cerrado por orden del estado de alarma.

(ii) Servicios mínimos.

El Real Decreto‐Ley faculta a las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable para establecer servicios mínimos con el fin de mantener la actividad indispensable. La definición de estos servicios mínimos indispensables está sujeta a aclaración del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

III.‐ Aplicación del permiso retribuido a trabajadores que no prestan servicios esenciales. Excepciones. Moratoria.

(i) Permiso retribuido.

Los trabajadores no vinculados a actividades esenciales deberán permanecer en sus domicilios hasta el próximo 9 de abril de 2020 y cobraran el salario íntegro, que tendrán que devolve , a partir de la fecha referida y hasta el 31 de diciembre de 2020, de forma gradual y consensuada con sus empresas. La fórmula de devolución de esas horas deberá realizarse siempre en cumplimiento de las disposiciones del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores.

(ii) Moratoria

El Real Decreto‐Ley ha recibido numerosas críticas, al haberse tomado la medida anunciada durante el fin de semana, con la intención de su aplicación inmediata desde el lunes siguiente. La presión social de organizaciones como la Federación de Empresarias y Profesionales BPW Spain, junto a CEOE y CEPYME, fomentó, a última hora, la redacción de la Disposición Transitoria Primera, en virtud de la cual, las empresas que no puedan “parar de golpe”, por resultar imposible la interrupción inmediata de la actividad, podrán prestar servicios hoy lunes 30 de marzo, a los efectos de realizar las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido. Se demora 24 horas la entrada en vigor del Real Decreto‐Ley en estos supuestos.

Los empresarios advierten de que este parón puede llevar a una crisis más profunda de la economía, que podría llegar a ser social, sumándose a las organizaciones referidas, a nivel de Cataluña, PIMEC y Foment del Treball, que reclama medidas como que el 75% salarios en este periodo sean asumidos por el Estado y la suspensión liquidación impuestos, que vienen solicitando desde hace tiempo l’AEDAF junto a distintas plataformas de asesores y profesionales.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración al respecto.

Saludos cordiales,

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS

Ver anexo

Mediante resolución publicada hoy el BOE, la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, publica el Acuerdo – ver nuestra Nota Informativa 12 ‐ por el que el Consejo de Ministros aprueba las características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, dirigidos a paliar los efectos del COVID‐19, sobre liberación de los primeros 20.000 millones de euros en líneas de avales, respecto de los 100.000 millones comprometidos.
Recordemos que la Resolución establece una serie de medidas para preservar la normalidad de los flujos de financiación y los niveles de circulante y liquidez, a los efectos de permitir que empresas y autónomos continúen abonando los salarios de los empleados y las facturas a proveedores, manteniendo la actividad económica. Esta medida se basa en la esperanza de motivar a las entidades financieras a complementar las necesidades de financiación.
La publicación de hoy, que incluye un Anexo I con las condiciones de sujeción a la liberación del primer tramo de la línea de avales, recuerda el carácter pari passu de estos, puesto que comparten riesgo con las entidades financieras, movilizándose también importantes cantidades por parte de las entidades privadas y, consecuentemente, complementándose por recursos adicionales del sector privado. La gestión de los avales, dependientes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se realizará a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Principales condiciones aplicables y requisitos a cumplir para el otorgamiento y sujeción al primer tramo de la línea de avales (ANEXO I)

• (i) Finalidad: cubrir los nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y las renovaciones concedidas por entidades financieras a empresas y autónomos, para atender las necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.
• (ii) Subtramos: 10.000 millones para PYMES y 10.000 millones para el resto de empresas.
• (iii) Características de los préstamos elegibles:
  ‐ Préstamos y operaciones hayan sido formalizados o renovados con posterioridad al 17 de marzo de 2020.
  – Que no figuren en situación de morosidad en la consulta a los ficheros de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019.
  ‐ Que los acreditados no estén sujetos a un procedimiento concursal a fecha de 17 de marzo de 2020.
• (iv) Importe máximo: Para autónomos y microempresas (hasta 10 empleados) y empresas de hasta 250 empleados y ventas inferiores a 50 millones de euros o con un total de activo inferior a 43 millones de euros. Limite importe a solicitar hasta 1,5 millones de euros.
• (v) Límite aval. El limite será de 50 millones, en función de las operaciones aprobadas por la entidad financiera
• (vi) Porcentajes máximos de aval: caso de PYMES y autónomos, el aval ascenderá como máximo al 80% de la operación. Resto de empresas 70% de nuevas operaciones y el 60% de operaciones de renovación.
• (vii) Remuneración del aval: La remuneración de los avales concedidos a préstamos hasta 1,5 millones de euros será de 20 puntos básicos sobre el saldo del importe total avalado. Para importes superiores dependerán de la duración del aval, del importe y de la consideración de la empresa. El Anexo de la resolución determina los importes.
• (viii) Plazo de solicitud: El plazo de solicitud de los avales es hasta 30 de septiembre de 2020
• (ix) Plazo máximo del aval: Coincidirá con el plazo de la operación hasta un máximo de 5 años.

Es importante tener en cuenta que son las entidades financieras quienes determinan la concesión de las operaciones, en función de sus políticas de concesión. Respecto a los precios de las operaciones, no se establecen, pero la misma resolución dispone que los costes de los nuevos préstamos y renovaciones que se beneficien de estos avales se mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis del COVID‐19.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración.

Saludos cordiales,

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS

Hace unos días os indicábamos (ver Nota Informativa 4) que, entre las medidas financieras derivadas del Real Decreto‐Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID‐19, se había previsto la concesión de avales por importe de 100.000 millones de euros, cuyas condiciones y requisitos estaban pendientes de aprobación por el Consejo de Ministros.
Dicha aprobación se produjo, en cuanto a una primera fase, en el Consejo de Ministros de ayer, aperturándose el primer tramo de la Línea de Avales para empresas y autónomos por un importe de hasta 20.000 millones de euros, destinados a garantizar los nuevos préstamos y renovaciones concedidos a empresas y autónomos. La Línea de Avales será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en colaboración con otras entidades financieras, quienes asumirán el coste de los avales.

Principales características del primer tramo de la Línea de Avales para Empresas y Autónomos

• (i) Importe: €20.000.000.000,00‐. El 50% se reservará para garantizar préstamos de autónomos y PYMES.
• (ii) Objetivo: Preservar la actividad productiva y el empleo y paliar los efectos del COVID‐19.
• (iii) Finalidad: atender la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimiento de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez.
• (iv) Retroactividad. Los avales se otorgarán con carácter retroactivo, por lo que podrán solicitarse para las operaciones formalizadas con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto‐Ley (18 de marzo de 2020).
• (v) Ámbito Subjetivo: Empresas y autónomos, afectados por los efectos económicos derivados del COVID‐19, que cumplan los siguientes requisitos:
  – Que a 31 de diciembre de 2019 no estuvieran en situación de morosidad.
  ‐ Que no tuviesen abierto un procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020 (fecha de declaración del Real Decreto‐Ley de aplicación).
• (vi) Garantías:
  ‐ Operaciones solicitadas por Autónomos y PYMES: 80% de los nuevos préstamos y 80% de las renovaciones.
  ‐ Operaciones solicitadas por el resto de empresas: 70% de los nuevos préstamos y 60% de las renovaciones.
• (vii) Vigencia: Equivalente a la del préstamo concedido, con un máximo de 5 años.

Compromiso de las Entidades Financieras

Además de asumir los costes de los nuevos préstamos y renovaciones referidos, las Entidades Financieras se comprometen a mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes. (en particular a aquellos cuyos préstamos resulten avalados).

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración.

Saludos cordiales,

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS

La durísima crisis sanitaria que tristemente estamos sufriendo ha obligado a muchas empresas y negocios a centrar todos sus esfuerzos en el uso de los canales de venta online, como único recurso para poder atender y prestar servicio a sus clientes.

Debemos ser conscientes de que la venta online, al igual que la tradicional, conlleva la aplicación de normas concretas de obligado cumplimiento, entre las que destacamos, por su importancia y difusión, las relativas a la protección de datos.

El principio básico es que toda empresa que preste servicios online y trate datos de personas físicas, debe adaptar el contenido y la información de su página web al Reglamento General de Protección de Datos.

A continuación relacionamos los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta para tener nuestras páginas web adaptadas a dicha legislación:

• (i) La necesidad de obtener el consentimiento del cliente. Las empresas que traten datos de sus clientes, deberán disponer del previo consentimiento de los mismos para tratar sus datos. Por lo tanto, es importante dotar a las páginas web, al obtener los datos de los clientes, del mecanismo pertinente para obtener el consentimiento de los mismos, consentimiento que debe ser expreso, específico y verificable.
• (ii) Toda página web debe mostrar e informar, de forma clara y transparente, los datos legales de la empresa, las políticas de privacidad, los derechos del usuario y el uso que se pretende de los datos personales facilitados.
• (iii) Los avisos de cookies.

Es importante que las empresas revisen o adapten, en su caso, el contenido de sus páginas web, no sólo a los efectos de cumplir con la norma, sino también para evitar incurrir en sanciones (que pueden alcanzar los 20.000.000 de euros o un 4% de la facturación, por infracción en el cumplimiento de la misma).

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración.

Saludos cordiales,

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS

En la Nota Informativa 9, del pasado 20 de marzo, hacíamos referencia a que el Real Decreto‐Ley 8/2020 dedica un apartado específico (art. 34) a las medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del Covid‐19 y, en concreto, a la suspensión de obras y servicios como consecuencia de su impacto en contratos sujetos a la Ley de Sector Público y en la Ley de Sectores Especiales.
El principal objetivo de estas medidas es evitar la resolución de los contratos públicos y facilitar su adaptación a la situación derivada de la crisis sanitaria y del estado de alarma. El Real Decreto Ley recoge todas las medidas y procedimientos para la efectiva aplicación de la suspensión y la asunción de costes por parte de los Entes Públicos.
En este sentido, se establecen medidas para evitar los efectos negativos sobre el empleo y la viabilidad empresarial derivados de la suspensión de contratos públicos, impidiendo su resolución, por parte de todas las entidades que integran el sector público y evitar que el Covid‐19 y las medidas adoptadas por el Estado, Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, tengan un impacto estructural negativo sobre esta parte del tejido productivo. La medida principal es la previsión de un régimen específico de suspensión de estos contratos.

(i) Contratos de servicios y de suministros.

i. Prestación sucesiva. Imposible continuidad.

Suspensión automática por imposibilidad de desarrollar el contrato desde que se produzca la causa que impide desarrollar la prestación (vinculada al Covid‐19) y hasta que esta se pueda reanudar.
La Entidad Adjudicadora, al quedar en suspenso el contrato público, deberá abonar al contratista los daños y perjuicios generados durante la suspensión (previa solicitud y acreditación de estos) que recoge el Real Decreto‐Ley (salarios, gastos de mantenimiento, alquileres y costes de maquinaria e instalaciones, gastos de pólizas de seguro …).
En aquellos supuestos en los que, como consecuencia de la paralización de los procedimientos, no pueda formalizarse un nuevo contrato, el órgano de contratación podrá prorrogar el contrato original hasta que se inicie la ejecución del nuevo contrato bajo las premisas del Real Decreto‐Ley.

ii. Prestación no sucesiva. Mora.

En cuanto a los contratos públicos de servicios y suministro distintos a los referidos en el apartado anterior (siempre y cuando no hayan perdido su finalidad como consecuencia del impacto del COVIDIEN‐19), cuando el contratista incurra en mora sobre los plazos contractuales previstos, como consecuencia de la actual situación, el Órgano de Contratación podrá ofrecer una prórroga, como mínimo, igual al tiempo perdido por el motivo referido, la cual se podrá incrementar previo informe del Director de Obra, conforme a los requisitos previstos en el Real Decreto‐Ley. Se abonarán los gastos salariales adicionales incurridos hasta un máximo del 10% del precio inicial del contrato, cuando estos gastos se acrediten de forma fehaciente.
No procederá aplicar penalizaciones al contratista.

(ii) Contratos públicos de obras.

Imposible continuidad de los contratos que deberían finalizar durante la vigencia del estado de alarma. En los contratos de obra que no hayan perdido su finalidad como consecuencia del Covid‐19 pero en los que, por causa de éste, resulte imposible su continuidad, el contratista podrá solicitar la suspensión en términos similares ‐también en cuanto a abono de daños y perjuicios y con las especialidades, en el convenio colectivo de aplicación, respecto a gastos salariales‐ a los del apartado (i) i anterior y en cumplimiento de los requisitos del Real Decreto‐Ley. Serán requisitos de aplicación:

• Que el contratista principal, los subcontratistas, proveedores y suministradores, estén al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales a fecha de la declaración del estado de alarma.
• Que el contratista principal esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago a los agentes referidos en el apartado anterior.

(iii) Contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios.

Restablecimiento del equilibrio económico de los contratos.

A fin de poder mitigar los efectos colaterales del Covid‐19 que hagan imposible la ejecución de estos contratos, las Administraciones otorgarán a los concesionarios el derecho a restablecer el equilibrio económico de los contratos mediante la ampliación de su duración inicial, hasta un máximo del 15% o con la modificación de las cláusulas de contenido económico del contrato. No se establece, sin embargo, una pauta determinada en cuanto a estas modificaciones, remitiendo una referencia genérica a la compensación por la pérdida de ingresos y el incremento de costes regulados que se acrediten de forma fehaciente.

(iv) Inclusiones y exclusiones de la normativa de contratación pública durante el estado de
alarma.

El Real Decreto‐Ley incluye expresamente determinados sectores a los que la regulación resulta de aplicación (tales como el agua, la energía, transportes, servicios postales, determinadas seguros privados, planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y litigios fiscales).

Asimismo, excluye de su aplicación a:

• Contratos de servicios o suministros sanitarios, farmacéuticos o similares, vinculados a la crisis sanitaria.
• Contratos de servicios de seguridad, limpieza o mantenimiento de sistemas informáticos.
• Contratos de servicios o suministros necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.
• Contratos adjudicados por entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.

La normativa cierra este capítulo con una referencia a la sumisión, en su caso, a las medidas que pueda adaptar el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, autoridad competente designada en el Real Decreto de declaración del estado de alarma.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración.

Saludos cordiales,

JULIO VILAGRASA Y ASOCIADOS